El Juez Griesa y los trotkistas yanquis

Barry Sheppard

Me escribe desde Nueva York Barry Sheppard, veterano militante trotskista, durante un tiempo secretario general del Socialist Workers Party y autor de dos volúmenes que cuentan el auge, la declinación y el colapso de esta organización política norteamericana. Su mail dice, traducido, lo siguiente:

“Griesa fue el juez en el juicio que el Socialist Workers Party inició contra varias agencias policiales del gobierno de los EE.UU. En 1973. Nuestro planteo fue que el gobierno había violado masivamente nuestros derechos por medio de asaltos a nuestros locales, operando para hacer echar de sus trabajos a nuestros afiliados, ecuchas y grabaciones ilegales, espionaje, publicación de falsas acusaciones en la prensa, etc. En 1986, Griesa tomó su decisión, esencialmente sosteniendo nuestras acusaciones y dictando una sentencia contra el gobierno. Una decisión favorable.

Nuestro caso se produjo en las secuelas de la radicalización de “los 60” y la revelación de los crímenes del gobierno contra los movimientos negros, antibélicos y feministas y el caso Watergate que terminó con la renuncia de Nixon.

De modo que esta buena decisión de Griesa fue hecha en este contexto. Ello no significa que en la continuación de su carrera no haya tomado muchas malas decisiones, la última de ellas contra la Argentina”.

La gentil y solidaria nota de Sheppard fue en respuesta a un pedido de información acerca de Griesa y su participación en este caso del SWP.

La comparación de estos dos casos, el de los trotskistas norteamericanos y el de los fondos buitres, me lleva a las siguientes preguntas: ¿qué tienen en común ambos casos?; ¿por qué en un caso, el del SWP, Griesa falla a favor del más débil y en el segundo, el nuestro, del más poderoso?

John Locke

Más allá de las explicaciones políticas referidas al papel de los jueces norteamericanos en salvaguarda del sagrado derecho a la propiedad privada y al intangibilidad de los negocios particulares, se me ocurre que en ambos casos subyace la idea liberal de origen inglés (John Locke, Adam Smith) de la supremacía absoluta de los derechos individuales frente a los del estado y los límites de éste respecto a la autonomía de la sociedad civil. El liberalismo político en su nacimiento se enfrenta al estado absolutista monárquico, en quien ve el principal impedimento para el desarrollo de la libertad y capacidad del individuo. Este punto de vista, que enfrentó al despotismo monárquico de origen feudal, permitió, es cierto, la aparición del estado republicano moderno.

El liberalismo contemporáneo ha deshistorizado esta visión propia del siglo XVIII, reivindicando “todo” interés individual o de la sociedad civil frente a “todo” interés de “todo” estado.

Es, en cierto sentido, una extensión al derecho político de la conocida burla de Anatole France sobre la igualdad francesa: “En París todos tienen derecho a dormir bajo los puentes”.

El estado plutocrático norteamericano se excedió en sus atribuciones al someter a persecución policial a los ciudadanos agrupados en el SWP, en 1976, de la misma manera que el estado nacional y popular argentino, en defensa de sus ciudadanos, se extendió en sus atribuciones al negar el pago de sus acreencias a un grupo de honestos comerciantes.

Esta distorsionada visión de la realidad es la que encierran todas las expresiones liberales y neoliberales contemporáneas. Es el atroz pensamiento darwinista que subyace en los escritos de Ayn Rand, en los extremistas bien comidos del Partido Liberal Libertario, en la psicopatía de Domingo Cavallo o en el criminal maltusianismo del Banco Europeo.

Pero también es el mismo liberalismo que expresa Lilita Carrió y su manipulación de Hannah Arendt, el formalismo de FAUNEN o la altisonancia geronte de Pino Solanas.

Con Anatole France, pero sin su ironía, todos ellos sostienen “todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a prestarle dinero a la Argentina y cobrar sus acreencias”.

Buenos Aires, 29 de junio de 2014