En esta página publico los artículos escritos por mí en los últimos años, sobre política argentina, política latinoamericana y política internacional, que considero más interesantes y de actualidad. Visite mi blog con temas periodísticos y literarios http://jfernandezbaraibar.blogspot.com
23 de julio de 2014
29 de junio de 2014
El Juez Griesa y los trotkistas yanquis
El
Juez Griesa y los trotkistas yanquis
| Barry Sheppard |
Me
escribe desde Nueva York Barry Sheppard, veterano militante
trotskista, durante un tiempo secretario general del Socialist
Workers Party y autor de dos volúmenes que cuentan el auge, la declinación y el colapso de esta organización política
norteamericana. Su mail dice, traducido, lo siguiente:
“Griesa
fue el
juez en el juicio que el Socialist Workers Party inició contra
varias agencias policiales del gobierno de los EE.UU. En 1973.
Nuestro planteo fue que el gobierno había violado masivamente
nuestros derechos por medio de asaltos a nuestros locales, operando
para hacer echar de sus trabajos a nuestros afiliados, ecuchas y
grabaciones ilegales, espionaje, publicación de falsas acusaciones
en la prensa, etc. En 1986, Griesa tomó su decisión, esencialmente
sosteniendo nuestras acusaciones y dictando una sentencia contra el
gobierno. Una decisión favorable.
Nuestro
caso se produjo en las secuelas de la radicalización de “los 60”
y la revelación de los crímenes del gobierno contra los movimientos
negros, antibélicos y feministas y el caso Watergate que terminó
con la renuncia de Nixon.
De
modo que esta buena decisión de Griesa fue hecha en este contexto.
Ello no significa que en la continuación de su carrera no haya
tomado muchas malas decisiones, la última de ellas contra la
Argentina”.
La
gentil y solidaria nota de Sheppard fue en respuesta a un pedido de
información acerca de Griesa y su participación en este caso del
SWP.
La
comparación de estos dos casos, el de los trotskistas
norteamericanos y el de los fondos buitres, me lleva a las siguientes preguntas:
¿qué tienen en común ambos casos?; ¿por qué en un caso, el del
SWP, Griesa falla a favor del más débil y en el segundo, el
nuestro, del más poderoso?
| John Locke |
Más
allá de las explicaciones políticas referidas al papel de los
jueces norteamericanos en salvaguarda del sagrado derecho a la
propiedad privada y al intangibilidad de los negocios particulares,
se me ocurre que en ambos casos subyace la idea liberal de origen
inglés (John Locke, Adam Smith) de la supremacía absoluta de los
derechos individuales frente a los del estado y los límites de éste
respecto a la autonomía de la sociedad civil. El liberalismo
político en su nacimiento se enfrenta al estado absolutista
monárquico, en quien ve el principal impedimento para el desarrollo
de la libertad y capacidad del individuo. Este punto de vista, que
enfrentó al despotismo monárquico de origen feudal, permitió, es
cierto, la aparición del estado republicano moderno.
El
liberalismo contemporáneo ha deshistorizado esta visión propia del
siglo XVIII, reivindicando “todo” interés individual o de la
sociedad civil frente a “todo” interés de “todo” estado.
Es,
en cierto sentido, una extensión al derecho político de la conocida
burla de Anatole France sobre la igualdad francesa: “En París
todos tienen derecho a dormir bajo los puentes”.
El
estado plutocrático norteamericano se excedió en sus atribuciones
al someter a persecución policial a los ciudadanos agrupados en el
SWP, en 1976, de la misma manera que el estado nacional y popular
argentino, en defensa de sus ciudadanos, se extendió en sus
atribuciones al negar el pago de sus acreencias a un grupo de
honestos comerciantes.
Esta
distorsionada visión de la realidad es la que encierran todas las
expresiones liberales y neoliberales contemporáneas. Es el atroz
pensamiento darwinista que subyace en los escritos de Ayn Rand, en
los extremistas bien comidos del Partido Liberal Libertario, en la
psicopatía de Domingo Cavallo o en el criminal maltusianismo del
Banco Europeo.
Pero
también es el mismo liberalismo que expresa Lilita Carrió y su
manipulación de Hannah Arendt, el formalismo de FAUNEN o la
altisonancia geronte de Pino Solanas.
Con
Anatole France, pero sin su ironía, todos ellos sostienen “todos
los ciudadanos del mundo tienen derecho a prestarle dinero a la
Argentina y cobrar sus acreencias”.
Buenos
Aires, 29 de junio de 2014
¿Es necesaria una
nueva Doctrina Drago?
| Cipriano Castro |
En el año 1902 el
presidente Cipriano Castro declaró la moratoria de su deuda externa.
La caída en los precios internacionales del café obligaron a su
gobierno a suspender el pago a sus acreedores internacionales. La
respuesta de los acreedores fue inmediata. Las flotas de Alemania e
Inglaterra bloquean las costas venezolanas y amenazan a sus puertos.
Al bloqueo se suman todos los países con acreencias contra
Venezuela. Italia, en primer lugar y posteriormente Francia, España,
Bélgica, Holanda y Estados Unidos se presentan como acreedores y
exigen ser considerados juntos a los países agresores.
Cipriano Castro venía
del estado andino de Táchira. Por su actuación en las guerras
civiles que asolaban la región había obtenidos sus galones
militares. Después de convertirse en el principal caudillo de las
provincias andinas de Venezuela, el general y sus amigos se
encaminaron hacia Caracas y en 1899 la Revolución Liberal
Restauradora, por él encabezada, derrocó al debilitado presidente
Ignacio Andrade y se convirtió en presidente hasta noviembre de
1908, cuando su compadre Juan Vicente Gómez inicia su larga dictadura que durará hasta 1935.
El gobierno de
Cipriano Castro unificó el país y puso fin a las guerras civiles
que lo habían azotado desde el final de la Guerra de la
Independencia, impuso una centralización del gobierno que terminó
con los caudillismos locales, modernizó el ejército, se hizo cargo
de la deuda externa e intentó diversificar la economía venezolana
dependiente exclusivamente de las exportaciones cafetaleras. Para esa
época Venezuela era el segundo productor mundial de café, después
de Brasil.
El bloqueo naval
europeo incluyó enfrentamientos bélicos con bombarderos sobre los
puertos de La Guaira y Cabello, así como la destrucción casi total
de la flota venezolana.
Interpelado por
varios gobiernos latinoamericanos, el presidente yanqui Teodoro
Roosevelt -“Es con voz de Biblia o verso de Walt Whitman / que
habría que llegar hasta ti, / Cazador”, le había dicho Rubén
Darío- declaró la no pertinencia de la aplicación de la Doctrina
Monroe en el caso de potencias europeas que no venían a reconquistar
antiguas colonias. La Doctrina Monroe y el TIAR, como se sabe, han
sido instrumentos retóricos que solo han servido para que EE.UU. los
interprete según su exclusivo interés. La tierra natal de Bolívar
se enfrentaba sola a la voracidad de los tenedores de bonos.
| Luis María Drago |
El ministro de
Relaciones Exteriores del presidente Julio Argentino Roca, Luis María
Drago -un jurista conservador y con un espíritu en el cual aún
sobrevivía la vieja épica de las Guerras de la Independencia-
presentó al mundo su punto de vista que expresaba el de su gobierno:
los estados no tenían derecho a intervenir militarmente contra otro
estado con la finalidad de cobrar deudas financieras. Fue una voz
pequeña, en relación a los intereses y potencias que estaban en
juego, pero poderosa. Algunos años después, la Doctrina de nuestro
canciller, inspirada además en las reflexiones del gran jurista
rioplantense, Carlos Calvo, sería establecida como jurisprudencia en
La Haya. Venezuela no olvidó nunca el gesto argentino y Hugo Chávez
tuvo oportunidad de recordarlo varias veces desde su tribuna
presidencial.
Las decisiones
asumidas por el juez de primera instancia de Nueva York, Thomas
Griesa, y por la Corte Suprema de Justicia norteamericana, en favor
de los fondos buitres, están exigiendo el establecimiento, por parte
de las naciones sometidas al chantaje de la deuda, una nueva doctrina
Drago, una actualización que ratifique la soberanía nacional por
encima de los crapulosos y minoritarios intereses especulativos y
condene estas maniobras. El periodista Alfredo Zaiat ha publicado en
Página 12 de hoy (28/06/14) un interesante artículo exponiendo al
público argentino lo que se conoce en la legislación norteamericana
como Doctrina Champerty. La misma establece la prohibición de
comprar documentos de créditos vencidos con la finalidad de
interponer una acción judicial reclamando el pago de estos.
| Tratado de Westfalia y el nacimiento de los Estados Nacionales |
Algo en ese sentido,
y que rescate la supremacía de los estados nacionales por sobre los
intereses corporativos internacionales, está exigiendo el novedoso
conflicto en que se encuentra nuestro país. El concepto de estados
nacionales surgido del Tratado de Westfalia no puede ser aplastado
por el imperio del interés compuesto y los derivados financieros.
Buenos Aires, 28 de
Junio de 2014
26 de junio de 2014
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