23 de julio de 2014

El Debate de la Historia. Manuel Belgrano. Bloque 2

El Debate de la Historia. Manuel Belgrano. Bloque 1

29 de junio de 2014

El Juez Griesa y los trotkistas yanquis

El Juez Griesa y los trotkistas yanquis
Barry Sheppard
Me escribe desde Nueva York Barry Sheppard, veterano militante trotskista, durante un tiempo secretario general del Socialist Workers Party y autor de dos volúmenes que cuentan el auge, la declinación y el colapso de esta organización política norteamericana. Su mail dice, traducido, lo siguiente:
Griesa fue el juez en el juicio que el Socialist Workers Party inició contra varias agencias policiales del gobierno de los EE.UU. En 1973. Nuestro planteo fue que el gobierno había violado masivamente nuestros derechos por medio de asaltos a nuestros locales, operando para hacer echar de sus trabajos a nuestros afiliados, ecuchas y grabaciones ilegales, espionaje, publicación de falsas acusaciones en la prensa, etc. En 1986, Griesa tomó su decisión, esencialmente sosteniendo nuestras acusaciones y dictando una sentencia contra el gobierno. Una decisión favorable.
Nuestro caso se produjo en las secuelas de la radicalización de “los 60” y la revelación de los crímenes del gobierno contra los movimientos negros, antibélicos y feministas y el caso Watergate que terminó con la renuncia de Nixon.
De modo que esta buena decisión de Griesa fue hecha en este contexto. Ello no significa que en la continuación de su carrera no haya tomado muchas malas decisiones, la última de ellas contra la Argentina”.

La gentil y solidaria nota de Sheppard fue en respuesta a un pedido de información acerca de Griesa y su participación en este caso del SWP.
La comparación de estos dos casos, el de los trotskistas norteamericanos y el de los fondos buitres, me lleva a las siguientes preguntas: ¿qué tienen en común ambos casos?; ¿por qué en un caso, el del SWP, Griesa falla a favor del más débil y en el segundo, el nuestro, del más poderoso?
John Locke
Más allá de las explicaciones políticas referidas al papel de los jueces norteamericanos en salvaguarda del sagrado derecho a la propiedad privada y al intangibilidad de los negocios particulares, se me ocurre que en ambos casos subyace la idea liberal de origen inglés (John Locke, Adam Smith) de la supremacía absoluta de los derechos individuales frente a los del estado y los límites de éste respecto a la autonomía de la sociedad civil. El liberalismo político en su nacimiento se enfrenta al estado absolutista monárquico, en quien ve el principal impedimento para el desarrollo de la libertad y capacidad del individuo. Este punto de vista, que enfrentó al despotismo monárquico de origen feudal, permitió, es cierto, la aparición del estado republicano moderno.
El liberalismo contemporáneo ha deshistorizado esta visión propia del siglo XVIII, reivindicando “todo” interés individual o de la sociedad civil frente a “todo” interés de “todo” estado.
Es, en cierto sentido, una extensión al derecho político de la conocida burla de Anatole France sobre la igualdad francesa: “En París todos tienen derecho a dormir bajo los puentes”.
El estado plutocrático norteamericano se excedió en sus atribuciones al someter a persecución policial a los ciudadanos agrupados en el SWP, en 1976, de la misma manera que el estado nacional y popular argentino, en defensa de sus ciudadanos, se extendió en sus atribuciones al negar el pago de sus acreencias a un grupo de honestos comerciantes.
Esta distorsionada visión de la realidad es la que encierran todas las expresiones liberales y neoliberales contemporáneas. Es el atroz pensamiento darwinista que subyace en los escritos de Ayn Rand, en los extremistas bien comidos del Partido Liberal Libertario, en la psicopatía de Domingo Cavallo o en el criminal maltusianismo del Banco Europeo.
Pero también es el mismo liberalismo que expresa Lilita Carrió y su manipulación de Hannah Arendt, el formalismo de FAUNEN o la altisonancia geronte de Pino Solanas.
Con Anatole France, pero sin su ironía, todos ellos sostienen “todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a prestarle dinero a la Argentina y cobrar sus acreencias”.

Buenos Aires, 29 de junio de 2014
¿Es necesaria una nueva Doctrina Drago?
Cipriano Castro

En el año 1902 el presidente Cipriano Castro declaró la moratoria de su deuda externa. La caída en los precios internacionales del café obligaron a su gobierno a suspender el pago a sus acreedores internacionales. La respuesta de los acreedores fue inmediata. Las flotas de Alemania e Inglaterra bloquean las costas venezolanas y amenazan a sus puertos. Al bloqueo se suman todos los países con acreencias contra Venezuela. Italia, en primer lugar y posteriormente Francia, España, Bélgica, Holanda y Estados Unidos se presentan como acreedores y exigen ser considerados juntos a los países agresores.
Cipriano Castro venía del estado andino de Táchira. Por su actuación en las guerras civiles que asolaban la región había obtenidos sus galones militares. Después de convertirse en el principal caudillo de las provincias andinas de Venezuela, el general y sus amigos se encaminaron hacia Caracas y en 1899 la Revolución Liberal Restauradora, por él encabezada, derrocó al debilitado presidente Ignacio Andrade y se convirtió en presidente hasta noviembre de 1908, cuando su compadre Juan Vicente Gómez inicia su larga dictadura que durará hasta 1935.
El gobierno de Cipriano Castro unificó el país y puso fin a las guerras civiles que lo habían azotado desde el final de la Guerra de la Independencia, impuso una centralización del gobierno que terminó con los caudillismos locales, modernizó el ejército, se hizo cargo de la deuda externa e intentó diversificar la economía venezolana dependiente exclusivamente de las exportaciones cafetaleras. Para esa época Venezuela era el segundo productor mundial de café, después de Brasil.
El bloqueo naval europeo incluyó enfrentamientos bélicos con bombarderos sobre los puertos de La Guaira y Cabello, así como la destrucción casi total de la flota venezolana.
Interpelado por varios gobiernos latinoamericanos, el presidente yanqui Teodoro Roosevelt -“Es con voz de Biblia o verso de Walt Whitman / que habría que llegar hasta ti, / Cazador”, le había dicho Rubén Darío- declaró la no pertinencia de la aplicación de la Doctrina Monroe en el caso de potencias europeas que no venían a reconquistar antiguas colonias. La Doctrina Monroe y el TIAR, como se sabe, han sido instrumentos retóricos que solo han servido para que EE.UU. los interprete según su exclusivo interés. La tierra natal de Bolívar se enfrentaba sola a la voracidad de los tenedores de bonos.
Luis María Drago
El ministro de Relaciones Exteriores del presidente Julio Argentino Roca, Luis María Drago -un jurista conservador y con un espíritu en el cual aún sobrevivía la vieja épica de las Guerras de la Independencia- presentó al mundo su punto de vista que expresaba el de su gobierno: los estados no tenían derecho a intervenir militarmente contra otro estado con la finalidad de cobrar deudas financieras. Fue una voz pequeña, en relación a los intereses y potencias que estaban en juego, pero poderosa. Algunos años después, la Doctrina de nuestro canciller, inspirada además en las reflexiones del gran jurista rioplantense, Carlos Calvo, sería establecida como jurisprudencia en La Haya. Venezuela no olvidó nunca el gesto argentino y Hugo Chávez tuvo oportunidad de recordarlo varias veces desde su tribuna presidencial.
Las decisiones asumidas por el juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, y por la Corte Suprema de Justicia norteamericana, en favor de los fondos buitres, están exigiendo el establecimiento, por parte de las naciones sometidas al chantaje de la deuda, una nueva doctrina Drago, una actualización que ratifique la soberanía nacional por encima de los crapulosos y minoritarios intereses especulativos y condene estas maniobras. El periodista Alfredo Zaiat ha publicado en Página 12 de hoy (28/06/14) un interesante artículo exponiendo al público argentino lo que se conoce en la legislación norteamericana como Doctrina Champerty. La misma establece la prohibición de comprar documentos de créditos vencidos con la finalidad de interponer una acción judicial reclamando el pago de estos.
Tratado de Westfalia y el nacimiento de los Estados Nacionales
Algo en ese sentido, y que rescate la supremacía de los estados nacionales por sobre los intereses corporativos internacionales, está exigiendo el novedoso conflicto en que se encuentra nuestro país. El concepto de estados nacionales surgido del Tratado de Westfalia no puede ser aplastado por el imperio del interés compuesto y los derivados financieros.

Buenos Aires, 28 de Junio de 2014