10 de marzo de 2013


Fuerzas Armadas y política nacional

Este artículo es el resultado de una recopilación de notas que salieron publicadas en el periódico Pregón de la Izquierda Nacional, entre agosto y octubre de 1989. El FREJUPO había ganado las elecciones de ese año, y la existencia de importantes sectores nacionalistas en el seno del Ejército, iluminados, por un lado, por la experiencia malvinera y, por el otro, por la perversa resolución de Alfonsín a la cuestión de la violación de los derechos humanos por parte de los militares procesistas. Esos sectores, ideológicamente confusos y políticamente débiles, aparecían, entonces, como una posibilidad capaz de entroncarse con el triunfo popular de aquellas elecciones.
La razón para sacarlo nuevamente a la luz es que el clima de apasionada y vibrante discusión democrática que hoy vive nuestro país, el renacimiento de un nuevo y actualizado patriotismo continental y la pasión latinoamericana que ha despertado en nuestros pueblos la partida del comandante Hugo Chávez Frías, hacen posible reabrir esta discusión, quizás una de las más decisivas y estratégicas. Las reflexiones llegan, obviamente, hasta 1989. La discusión sobre el papel de las FF.AA. en un proceso nacionalista, -democrático, transformador y latinoamericanista no puede quedar congelada en aquella fecha. Se hace necesaria su reapertura.

La cuestión de las FF.AA. ha adquirido un sentido trascendental puesto que, por primera vez en varias décadas, existe en su seno una fractura de carácter estratégico, a la vez que un conjunto de fuerzas antinacionales, de izquierda a derecha, pretende mantener el esquema impuesto por los “libertadores” de 1955.
Según informaciones y reportajes aparecidos en diversos medios de prensa, el gobierno del doctor Menem estaría listo a declarar un indulto para los miembros de las Fuerzas Armadas afectados por procesos judiciales. Se ignora, al momento de escribir estas líneas, cuál será la extensión y las características del mismo, aún cuando diversas declaraciones permiten interpretar que existirían tres grupos distintos de potenciales destinatarios de la medida presidencial: los ex altos oficiales condenados por delitos contra los derechos humanos durante la dictadura militar; los oficiales procesados, sin sentencia, por el mismo tipo de delitos, y los oficiales con proceso por insubordinación y actos de indisciplina militar a raíz de los hechos de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli1.
No cabe duda que esta situación es parte de la nefasta herencia que el gobierno electo de Menem recibió de Raúl Alfonsín. Pero no es menos cierto que la cuestión militar ha arrastrado sus trágicas consecuencias a lo largo de los casi cuarenta años que van desde el cuartelazo gorila de 1955. Presentar el indulto como “la solución al tema militar”, abstrayéndolo de las condiciones que gestaron la actual situación, es tan erróneo como enfrentar abstractamente a los militares acusándolos de la totalidad de las desgracias que han aquejado, durante estos cuarenta años, a este desafortunado país.

El Ejército en 1945

La aparición del peronismo en las jornadas de Octubre del 45 es inseparable de la existencia de un poderoso y joven sector del Ejército enfrentando a la vieja conducción liberal creada por Agustín P. Justo. Este sector logra, en 1943, asumir la jefatura del arma y la dirección política del país. A partir de ese momento, el Ejército se involucra directa y activamente en la vida económica nacional. Las tendencias nacionalistas industrialistas, soterradas durante toda la Década Infame, desarrollan su programa: un capitalismo nacional autónomo, de fuerte intervencionismo y con una importante participación del sector público a través de grandes empresas estatales.
A partir del 17 de Octubre, establecida la alianza de ese Ejército nacional a través de Perón –su único e indiscutido caudillo- con las grandes masas populares y, especialmente, con los trabajadores, las FF.AA. se convierten en un factor determinante en la actividad política y económica del Estado. Ante la ausencia de una real burguesía y, por lo tanto, de un partido que la expresase, los cuadros del ejército involucrado en la industria pesada cumplían su papel, y la institución militar reemplazaba al inexistente partido burgués. El Ejército encuentra una finalidad, una función vinculada al país como totalidad, a la vez que desarrolla su propia y específica función. La defensa de la soberanía territorial y de la independencia nacional era, a la vez, el desarrollo de la industria pesada, la nacionalización de los transportes, los recursos naturales y las comunicaciones, el fortalecimiento del mercado interno y el bienestar popular.
Durante casi diez años reina una total unidad en las Fuerzas Armadas. El conjunto de la oficialidad, con excepciones marcadamente minoritarias, coincidía con los objetivos y fines del movimiento popular.

El Ejército gorila en 1955

En las vísperas del golpe de 1955, el ejército se vuelve a dividir. La fracción oligárquica que, durante los diez años de gobierno peronista, había intentado levantarse, sin éxito, contra la legalidad constitucional, logra su objetivo. Un sector católico reaccionario se une a la minoría liberal y triunfa el 16 de septiembre de ese año. Meses después, los elementos nacionalistas reaccionarios son desplazados, a través de un incruento golpe de estado. El Ejército nacional es desmantelado en sus cuadros, los oficiales liberales que Perón había pasado a retiro por su actividad conspirativa son reincorporados, así como los funcionarios policiales enjuiciados por torturas y asesinato2. Se establece, después de los fusilamientos del 9 de junio de 1956, una nueva unidad, aún cuando los objetivos de esa unidad son diametralmente opuestos a los de la década anterior.
La industrialización es reemplazada por el catecismo liberal; el papel del Estado, por el credo de la privatización; el mercado interno, por la apertura de la economía y el bienestar popular, por la destrucción de las organizaciones gremiales. Se inicia un período nefasto caracterizado por lo que un autor nacionalista, Aníbal D’Angelo Rodríguez, describió de esta manera: “la suprema desvergüenza de los generales abrepuertas que saltan de las palmas sanmartinianas a los despachos de las sociedades anónimas”.
Durante todo ese nuevo período la unidad estratégica de las Fuerzas Armadas es total. Los enfrentamientos, aunque serios, de la década del 60 –azules y colorados- estaban determinados por diferencias tácticas. El antiperonismo cerril del 55 discutía con un antiperonismo de nuevo cuño, auspiciado por los EE.UU., que intentaba integrar a un sector del peronismo, limándole todos los elementos revolucionarios y nacionalistas El proyecto era la integración de la Argentina al sistema generado en Washington y las Fuerzas Armadas argentinas se convertían en un destacamento de un Ejército Mundial en lucha contra el comunismo, cuyo Estado Mayor era la OTAN.
Este Ejército –sostiene el mismo autor- que ha terminado por ser, como estructura, una inmensa burocracia uniformada que le cuesta carísimo al país y no le devuelve nada, ni siquiera el ejemplo de un retiro de digna pobreza o el de la vergüenza que antes llevaba a un oficial deshonrado a pegarse un tiro en la cabeza. A este Ejército, tarde o temprano, el país le pedirá rendición de cuentas y le exigirá una transformación total y a fondo. Porque la Nación necesita un Ejército. Pero no éste”.

Illia y el antiperonismo “democrático”

El Ejército de la Revolución Libertadora se hizo nuevamente cargo del poder en 1966. El doctor Illia había significado la posibilidad de impedir el triunfo peronista por medios constitucionales. Desde el gobierno impidió, en complicidad con la dictadura militar brasileña, el regreso del general Perón a la Argentina y trató de dividir al justicialismo, aprovechando la lejanía obligada de su jefe y la necesidad del sindicalismo de generar una conducción propia que diese más autonomía a las negociaciones gremiales, desvinculándolas de la política de conjunto que imprimía Perón. Cuando las elecciones de Mendoza –en las que se presentaron dos fórmulas peronistas, una impulsada por el general y la otra por parte de la dirigencia sindical- demostraron la inviabilidad de esa política, el papel de Illia, como mejor discípulo de la Libertadora, pierde sentido. Será el momento para que los militares impidan lo que el sistema constitucional no puede impedir: un triunfo electoral del peronismo. Onganía, el nuevo jefe del Ejército oligárquico, derroca a Illia y, después de un coqueteo intrascendente con algunos jefes sindicales y empresarios nacionales, nombra a Krieger Vassena ministro de Economía. Se iniciaba la llamada “Revolución Argentina”. La oligarquía, que había hecho el golpe “democrático” del 16 de septiembre de 1955, asumía, a través del ejército “azul”, la dictadura.

El Cordobazo y el regreso de Perón

El destino posterior de esa “Revolución Argentina”, con sus “tiempos”, sus ridículas pretensiones ideológicas y sus obtusos ministros generales, terminó, como es sabido, en el Cordobazo y la ola de insurrecciones populares del interior. El Ejército encontró en Lanusse a su nuevo jefe para dar la batalla contra un Perón que era, a los ojos del conjunto del país, el único capaz de dar salida a la grave crisis política generada por la proscripción del pueblo argentino.
Aún en esas duras jornadas, las FF.AA., formadas bajo la advocación de la Marcha de la Libertad y el odio gorila al “tirano prófugo”, lograron mantener su unidad política y, por lo tanto, institucional. Las insurrecciones populares y masivas del 69 y el 70 no permitieron, pese a su estratégica importancia, generar una nueva y definitiva relación de fuerzas en la sociedad argentina y parte de esa energía revolucionaria terminó en el callejón sin salida del terrorismo y la lucha armada.
Esto ùltimo –es importante remarcarlo- había estado ausente de las grandes movilizaciones del ’69 y el ’70. La tan promocionada existencia de francotiradores en el Cordobazo constituyó un fenómeno puramente individual y sin ninguna conexión organizativa. Se trataba, como muchos testimonios de la época lo demuestran, de afiliados radicales cordobeses que guardaban sus armas de la época de la Revolución Libertadora. Es más, se puede afirmar que el terrorismo y la lucha armada, en sus dos grandes organizaciones –ERP y Montoneros- nace al margen de las grandes movilizaciones y como fenómeno de clase media estudiantil que reniega de la lucha de masas.
Y estos grupos, si bien durante cierto período son usados por Perón como amenaza potencial a la dictadura oligárquica, lograron un objetivo sustancialmente distinto al que pretendían realizar: unificar al conjunto de las FF.AA. frente a la agresión que sufría como cuerpo. La teoría de la lucha contrarrevolucionaria, aprendida en los manuales franceses escritos por los torturadores de patriotas argelinos, se convierte en la nueva doctrina militar.
Cuando el general Perón retorna en 1973 a la primera magistratura ya no controla, como en 1945, a su Ejército. Este es profundamente hostil a la política que Perón formula para el conjunto del país y, encima, ve en el viejo general al jefe de las bandas terroristas. La amenaza que estos grupos significaban para el propio gobierno de Perón y el notorio carácter antiperonista que su accionar encerraba, es ignorado por los estrategas de la guerra contrarrevolucionaria. Al morir el general Perón, los herederos de la Revolución Libertadora sólo esperan el momento para dar un nuevo zarpazo.
El 23 de marzo de 1976 las dos organizaciones armadas estaban políticamente derrotadas. Aislados del conjunto del movimiento de masas, del pueblo que libraba en el seno del movimiento nacional enconados combates para reencontrar el cauce revolucionario, tanto el ERP como Montoneros sólo producen ataques suicidas que concitan el repudio popular. Ya en vida del general Perón, el odio cipayo del ERP se dirige contra el propio caudillo nacional. Los ataques y provocaciones a las Fuerzas Armadas exasperan a éstas contra los grupos terroristas y contra el gobierno popular. El Primero de Mayo de 1974, Perón expulsa a los Montoneros de Plaza de Mayo y termina con la ficción del peronismo de este grupo. Los escarceos de la guerrilla rural en Tucumán no logran jamás pasar del nivel propagandístico. No hubo en ningún momento ocupación territorial ni victorias estratégicas. Ante la orden de la Presidencia de la Nación de terminar con el accionar de este grupo armado, el Ejército –cuya cúpula liberal quiere usar el peligro subversivo como subterfugio del golpe- encierra al foco tucumano, lo hostiliza y lo mantiene como muestra de la “amenaza” que se cierne sobre la Argentina. El ataque al cuartel de Viejobueno alcanzó el punto culminante de la desesperación suicida de los grupos armados. El pueblo repudiaba el salvaje tiroteo que se desarrollaba ante sus ojos y veía diariamente acercarse el fin de la soberanía popular. Los altos jefes militares preparaban, con José Alfredo Martínez de Hoz, la conspiración que puso fin al tercer gobierno justicialista. Y aquí comienza la última etapa de los libertadores.
Dice el publicista Daniel Zolezzi: “Cuando los altos mandos decidieron responder al terrorismo empleando sus mismo métodos, obligaron a sus subordinados a un modo casi clandestino de actuar que menoscababa su vocación de soldados. Así comenzaron los jóvenes a resentirse; resentimiento que exacerbó el aval que los generales dieron en nombre de toda la fuerza a la ruinosa política económica del Proceso, generadora de la devastadora deuda externa”. Un digno exponente de ese Ejército, el general retirado Ramón G. Díaz Bessone, pretende responder a estas certeras acusaciones y, al hacerlo, revela su empecinada ignorancia y su poca visión: “La economía tuvo una sustancial mejora respecto del gobierno de la señora de Perón, y si bien evidenció fallas y errores de los que fueron protagonistas, hombres que ocuparon funciones públicas después del Proceso, y aún hoy, errores de los que nadie estuvo ni está exento, no admite ninguna comparación con la ruinosa política económica del gobierno de Alfonsín que es reconocida como la peor de que se tenga memoria”.
La ira y el orgullo herido le impiden ver al jubilado general lo que sus propias palabras evidencian: la continuidad de Martínez de Hoz en la economía de Alfonsín. Pero es mucho pedir a nuestro autor que afirma: “Recordemos que la inmensa mayoría de la población recibió con alivio al Proceso. Leamos los diarios de aquel tiempo, cuyas noticias no eran producto de la censura”. Pero como más adelante agrega que “en 1955 la Plaza de Mayo desbordó de pueblo para recibir al general Lonardi”, nos excusamos de comentar su idea sobre la popularidad. Más rico es, sí, lo de la prensa sin censura en tiempos del capitán Carpintero. Los grandes diarios apoyaban sin reservas la restauración oligárquica y los grupos de tareas se encargaban de los que no lo hicieran. Pero más allá de entrar en inútil polémica con el ex ministro de Prospectiva (sic), su testimonio ilustra con claridad la profunda miseria intelectual de aquellos generales.

Los guerreros del Atlántico Sur

La Guerra de Malvinas vino a poner fin a esta oprobiosa dictadura de burócratas uniformados al servicio del imperialismo. Quiero citar nuevamente a Zolezzi, puesto que su filiación impide toda crítica maccartista: “Los mandos altos, que eran a la vez poder político, encararon la guerra como si la misma no hubiera nunca de salirse de pautas más o menos normadas: invasión, mediación y acuerdo… no atinaron a dar al conflicto el carácter integral que la guerra moderna posee”. Y termina con esto: “Ni durante lo más cruento de los combates se pensó en confiscar la propiedad enemiga, algo que los ingleses hicieron con todo esmero en las dos guerras mundiales”.
Otros militares, que por su grado no participaban del manejo del gobierno, veían las cosas desde una óptica totalmente diferente. No hacían el gobierno, hacían la guerra… y sufrían las consecuencias de las improvisaciones en que habían incurrido los mandos… Las cúpulas de las fuerzas malgastaban sus esfuerzos en derrocar a la junta que conducía la guerra en lugar de encaminarlos en el mejor resultado del conflicto”.
El Ejército de la Libertadora mostraba así su abyección. Y el conjunto de las Fuerzas Armadas comenzaba a vivir su primera y profunda división desde aquel 16 de septiembre de 1955, de dolorosa memoria en los trabajadores y el pueblo: los que enfrentaron con las armas al enemigo colonial y los que habían entregado el país a esos mismos enemigos.
En julio de 1982, un grupo de generales derrotistas, encabezados por el ínclito Cristino Nicolaides, da un golpe de Estado y depone al general Leopoldo Galtieri, por haber enfrentado a Inglaterra y EE.UU. en la batalla de Malvinas. Es este mismo general Nicolaides –autor de la célebre frase “el Ejército ha decidido dar un giro de 360 grados”- el que entroniza a Bignone en la presidencia de la República y organiza la salida que desembocó en el triunfo electoral del doctor Raúl Alfonsín.
El radicalismo había tenido estrechas relaciones con el gobierno del Proceso. El general Suárez Mason era uno de esos contactos. Dice Rosendo Fraga, en su libro Ejército: del Escarnio al Poder (1973-1976): “…el dirigente radical (Ricardo Balbín) aprovechó la oportunidad para pedir por el general de Brigada Guillermo C. Suárez Mason, ‘amigo’ del radicalismo, a quien en el Ministerio de Defensa se pensaba pasar a retiro por su pasado antiperonista. El pedido de Balbín, coincidente con gestiones realizadas ante Vicente Solano Lima y el propio círculo de Perón, tuvo éxito, y Suárez Mason fue designado segundo comandante de Institutos Militares”. Para que no queden dudas, en una nota, Rosendo Fraga agrega: “Durante el exilio en el Uruguay de 1951 y 1955 Suárez Mason estuvo afiliado a la UCR y en esa época estableció sólidas vinculaciones con la cúpula de dicho partido”. El propio Raúl Alfonsín, aún en vida de Balbín, visitaba a su antiguo compañero de estudios y entonces ministro de Interior, el general Albano Harguindeguy. Más de treinta dirigentes radicales de Córdoba se convirtieron en intendentes procesistas durante la gestión de Menéndez en aquella provincia.

De la caída de Puerto Argentino a las elecciones

Durante la Guerra de Malvinas, Alfonsín se había presentado como el dirigente político más proclive al derrotismo. Sacó del olvido en que se encontraba sepultado al anciano ex presidente proscriptivo, Arturo Illia, y lo presentó como la alternativa al gobierno que guerreaba con el colonialismo inglés. Cuando los oficiales encabezados por Nicolaides deciden dar el golpe probritánico, ven en Alfonsín al hombre que les puede sacar las castañas del fuego. También lo ven La Nación y los grandes diarios oligárquicos. El Ejército se encuentra completamente desprestigiado a los ojos del pueblo. Han sido siete años de feroz dictadura que han transformado la economía del país. Una guerra perdida y una merecida fama de torturadores y criminales que recae sobre la cúpula militar responsable del Proceso, hace imposible la continuidad del gobierno de Bignone. Las fuerzas económicas que se beneficiaron con la política de Martínez de Hoz y Alemann, la oligarquía y el imperialismo, no los necesitan más. Desde los mismos lugares que habían silenciado toda crítica a Videla y sus secuaces aparecen ahora las terribles denuncias. Alfonsín, como me lo dijera un alto funcionario de la cancillería argentina de entonces, era la última posibilidad de crear un gran partido de derecha. Tenía la ventaja, además, de atraer para esa política a los sectores progresistas de las clases medias.
Mientras tanto los oficiales que habían combatido en Malvinas volvían silenciosamente al continente. Sin terminar de comprender veían cómo se les daba la espalda, cómo el sistema político los ignoraba, mientras que los que no habían sabido conducir la guerra, se sumaban a la desmalvinización. “Después de la derrota, los combatientes fueron sustraídos de la vista del pueblo, como si fuesen el símbolo de una lucha que debía olvidarse. Comenzaba desde los altos mandos la ‘desmalvinización’ que, con énfasis continuaría el alfonsinismo”, dice Daniel Zolezzi en su artículo que ya hemos citado. Y agrega: “El enfrentamiento entre los ‘combatientes’ y los sectores ‘oficiales’ de las fuerzas ya se planteaba de viva voz; y los más jóvenes sumaron al reproche de la mala conducción de la guerra, el de toda la conducción política impresa al país durante los años del gobierno militar, que por razones de obediencia profesional se habían visto forzados a consentir”. Insistimos en la importancia de estas consideraciones, puesto que provienen de un hombre de extracción nacionalista y con amplios contactos con la oficialidad del Ejército. “El sector ‘oficial’ de las Fuerzas Armadas, el que conducía el proceso, prefirió abrir las compuertas electorales –aún a costa de ciertos riesgos- a correr el peligro de ser relevado por el sector ‘combatiente’ que impugnaba tanto su escasa aptitud para conducirlo en la guerra, como su tolerante cohabitación con la ‘patria financiera’ que había llevado al país a la bancarrota”.
Alfonsín, por su parte, denuncia “un pacto sindical-militar”, lo que le permite asustar a la clase media, mientras arregla con la cúpula antimalvinera.

El Juicio a las Juntas3

Desde estas mismas páginas hemos criticado duramente la manera en que Alfonsín intentó dar solución al problema de los delitos contra los derechos humanos cometidos por el Proceso. Se negó a iniciar un juicio político contra ese período y sus responsables. Esto hubiera permitido establecer la relación causal entre esa política de terror y el plan económico aplicado por Martínez de Hoz, relación que fue y es sistemáticamente ignorada por los países imperialistas que se horrorizaron por la crueldad sin límite de aquel régimen. Su compromiso con la cúpula heredera y albacea del proceso le impidió descabezar a esas FF.AA., reincorporar a los oficiales nacionalistas expulsados por los procesistas y redemocratizar a los cuadros de oficiales.
Por el contrario, Alfonsín se dedicó, después de condenar a las Juntas y a algunos militares como a Camps –entregado por sus camaradas como mal menor-, a roscar con los generales más procesistas, persiguiendo y relegando a los oficiales que habían combatido en Malvinas. Estos sentían que toda la furia alfonsiniana recaía sobre sus cabezas, mientras que aquellos generales a los que veían como culpables de la derrota eran desprocesados y sus responsabilidades diluidas en el espeso mar de los zargasos de la burocracia judicial. Cada uno de los distintos Jefes de Estado Mayor del ejército que se sucedía en el cargo ratificaba la voluntad alfonsinista de sostener a la cúpula liberal antiperonista heredada de la Libertadora y el Proceso. El juicio a la Junta que condujo la guerra de Malvinas fue el símbolo de la entrega y claudicación de la política de Alfonsín.
En este marco se produjeron las rebeliones de Semana Santa y, a consecuencia del notorio incumplimiento de la palabra empeñada por el presidente, las de Monte Caseros y Villa Martelli. Los oficiales rebeldes apelaron a una especie de desobediencia armada para detener la persecución de la que, sistemáticamente, eran objeto. Alfonsín, convencido del poder transformador de la realidad que tienen las palabras, intentaba negar lo que era evidente, la necesidad de negociar con un sector del ejército que no respondía a los generales que él nombraba.
Por otra parte, y para atraerse a los generales liberales dictó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Con ellas daba respuesta al pedido de poner fin a los interminables procesos que se prolongaban ya por cinco años y se aseguraba la lealtad de la cúpula liberal.
Mientras tanto, todo el sistema imperialista, de izquierda y de derecha, ponía el centro de la cuestión alrededor de los oficiales expresados por Seineldín y Rico. Tanto Julio Fernández Torres, como Ríos Ereñú y Caridi4 habían participado en el golpe del 55. El primero de los nombrados siendo teniente, tomó la Escuela de Tropas Aerotransportadas en Córdoba, el 16 de septiembre de aquel año. Como oficiales superiores tuvieron decisiva participación en el golpe del 23 de marzo de 1976. Fueron, en el ejercicio de sus cargos, la correa de transmisión de la política norteamericana en el área. Pero el peligro para la prensa progresista eran los carapintadas.
Así se llega a la sangrienta farsa de la toma del cuartel de La Tablada. Con él, entre otras cosas, la política militar de Alfonsín perdió absolutamente toda credibilidad.

El Indulto: el remedio y la enfermedad

Era vox populi que el sector conocido como carapintada simpatizaba con el doctor Carlos Menem, durante la campaña electoral. Se suponía que la asunción del actual presidente impediría la cristalización de una cúpula militar pronorteamericana y antimalvinera e incorporaría de pleno derecho a los militares cuyas carreras habían sido postergadas por el sectarismo liberal de Alfonsín y Caridi. Muchos observadores llegaron, incluso, a interpretar que el indulto era un recurso necesario para terminar con los enfrentamientos internos del arma. Es cierto, que el indulto a los actos de indisciplina de Semana Santa, Villa Martelli y Monte Caseros, parecía el resultado necesario de un cambio de orientación en la suprema conducción del Ejército y el final de las persecuciones generadas por el antimilitarismo liberal de los radicales. Algunos imaginaron que el indulto a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos, aún cuando a disgusto, era un paso necesario para finalizar con un tironeo que no daba solución al problema y sólo servía para irritar a los elementos más recalcitrantes. Pero la finalización que todo este proceso ha tenido con la consolidación aparente del general Cáceres y la destitución definitiva del coronel Seineldín, dejan la impresión de que por una vía reglamentaria se ha violado el espíritu asignado a aquel indulto presidencial. Todo esto parece haber servido para reivindicar el ejército del 23 de marzo de 1976 y dar de baja al del 2 de abril de 1982. El viejo profesionalismo de cuño liberal, base de operaciones de la política imperialista en nuestras FF.AA. parece haber ganado espacio en las últimas semanas.
La historia del Ejército no está cerrada. Si en el seno del movimiento nacional se libran poderosos combates para definir el rumbo del gobierno popular elegido el 14 de mayo, en el seno de las organizaciones castrenses, deben aún librarse fuertes luchas para dotar a la Patria de un Ejército dispuesto a defenderla.

1 Se refiere a las insubordinaciones de los oficiales medios, denominados “carapintadas” por el periodismo comercial, y que reclamaban contra la arbitraria política de Raúl Alfonsìn, que enjuiciaba oficiales de menor graduación, mientras ratificaba la conducción liberal de las FF.AA.
2 Ver Alejandro C. Tarruella, Juan Ingalinella, el crimen sin paz, en Historias Secretas del Peronismo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2007, pág. 177.
3 Estas líneas reproducen el parágrafo con el mismo titulo del artículo Fuerzas Armadas y política nacional”, aparecido en Pregón de la Izquierda Nacional, octubre de 1989.
4 Los tres fueron Jefes del Estado Mayor del Ejército durante la presidencia de Alfonsín.

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