En
octubre del año 2006, el entonces gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, Felipe Solá, elevó a la Junta Electoral de su
distrito, en un escrito de 49 páginas, un pedido de declaración de
certeza acerca de si estaba o no autorizado para presentarse
nuevamente a elecciones. En 2002, Solá era vicegobernador. Asumió
como titular del Ejecutivo provincial en reemplazo de Carlos Ruckauf,
ue renunció en medio del polvaderal de diciembre de 2001. En 2003
fue elegido gobernador y el pedido apuntaba a que la Junta Electoral
se expidiese, previo a todo otro trámite, si podía presentarse
nuevamente o el interinato del 2001 al 2003 podía considerarse como
un primer mandato. Obviamente, el punto de vista sostenido en el
escrito era que ese período no correspondía constitucionalmente ser
considerado como un primer mandato. Posteriomente, el desarrollo del
acontecer político y la presión opositora contra las reelecciones
hicieron desistir a Solá de presentar su candidatura.
La
vicepresidenta de la República y presidenta del Senado Nacional, a
través de la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, la doctora
Graciana Peñafort, elevó a la Corte Suprema de la Nación un pedido
de declaración de certeza sobre si es constitucionalmente válida o
no una sesión no presencial de dicha cámara, es decir a través de
instrumentos electrónicos que permitan el debido debate
parlamentario y la correspondiente votación, sin necesidad de
reunir, en medio de la cuarentena a 72 senadores y senadoras, mucho
de ellos en clara zona de riesgo, más sus asesores y empleados
necesarios para dicha sesión. Como es sabido, el principal tema de
esa sesión será el paquete impositivo preparado por el poder
Ejecutivo para enfrentar la crisis del Covid 19 y sus consecuencias
económicas y sociales. Ello significa, en buen romance, un impuesto
a las 12.000 personas más ricas de la Argentina.
¿Y
cuál es el propósito de ese pedido de declaración de certeza que
formula la presidenta del Senado? Habida cuenta del papel de custodio
de las grandes fortunas que, tradicionalmente, se ha fijado la Corte
Suprema de la Nación -salvo contadísimos casos-, el objetivo es
impedir que, posteriormente a la sanción de dicha ley impositiva, el
sistema mafioso de los grandes estudios, sus grandes clientes y la
miríada de abogados a sueldo de estos proponga una
inconstitucionalidad de dicha ley, por no haberse sancionado de
manera presencial por el parlamento nacional.
Eduardo Casal: "Y soy abogado", respondió cuando le preguntaron por qué había actuado de manera tan artera.
Conocedora
de las mañas trapisonderas de sus excelencias, de su orgánica
prosternación ante el poder económico, de su afán de emulación a
la Corte Suprema de los grandes plutócratas de los Estados Unidos,
Cristina Fernández de Kirchner pretendió, tan solo, curarse en
salud. Y lo bien que ha hecho, porque las respuestas no han tardado
en salir publicadas en el sistema mediático de la Rosca oligárquica
y financiera. El devaluado presidente de la Corte, el especialista en
Derecho de Clarín, Carlos Rosenkrantz, intentando sacarle el culo a
la jeringa, sin valor para decir que no se puede y sin interés en
decir que sí se puede, posterga la reunión que debería tratar el
pedido. A su vez, el procurador general de la
Nación interino, el macrista Eduardo Casal -de quien solo Dios sabe
por qué continúa en ese cargo- se pone la toga de Ulpiano y el
porte de Papiniano para declarar, con vos engolada, que la Corte no
tiene por qué responder a eso, ya que no se trata de un contencioso.
Y, evocando la memoria augusta de Montesquieu afirma que una
intervención del máximo tribunal como la que pidió la
vicepresidenta “importaría indefectiblemente”, de parte de la
Justicia, “una intromisión en las atribuciones propias del Senado
de la Nación”.
Por supuesto, simultáneamente considera, aunque no lo mencione, que
declarar una eventual inconstitucionalidad de una ley dictada bajo
esas condiciones sería simplemente un maravilloso acto de ejercicio
de la división de poderes establecida por la sacrosanta constitución
del 53 y del 94, además del necesario ejercicio de control que el
augusto cuerpo tiene como misión.
La hipocresía suele
disfrazarse de sobriedad pretoriana. Sinvergüenzas que se niegan a
pagar impuestos como todos los ciudadanos, cretinos que estuvieron a
punto de aceptar miembros impuestos por un decreto presidencial,
marrulleros de cafetines de Tribunales, pequeros de dados cargados,
su única tarea es defender con argumentos prestigiosos la fortuna
delictuosa de evasores, lavadores, especuladores y usureros.
Que se reúna
virtualmente el Congreso y que el número de los representantes
populares les imponga a estos verdugos del pueblo argentino la
necesaria distribución de su mal habida riqueza.
Buenos Aires, 21 de
abril de 2020
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