El discurso de hoy, 31 de agosto de 2020, del presidente de la República, Alberto Fernández, ha dado inicio una nueva etapa de su gobierno, al salir exitosamente del peligroso desfiladero de la difícil negociación con los acreedores privados, a los que inconsultamente se entregó el nefasto gobierno de Mauricio Macri.
Lo veníamos diciendo desde hace ya unas semanas e intentábamos traer tranquilidad y esperanza a muchos compañeros y compañeras, intranquilos y, en algunos casos, hasta decepcionados de la prudencia y modestia que, aparentemente, predominaba en la acción presidencial. Toda la preocupación gubernamental estaba cifrada en esa negociación que llevaba adelante un hasta ese momento desconocido ministro de Economía, al que los ladridos de la prensa opositora había comparado con un pequeño equipo de fútbol de Villa Soldatti, nacido, por otra parte, a la luz de los históricos Campeonatos Evita del primer gobierno peronista. Lo único que sabíamos de ese ministro, Martín Guzmán, quien pese a su juventud exhibía un hablar pausado, meditado, de tonos medios, sin inflexiones altisonantes, un tanto monótono y aburrido, era su brillante carrera en EE.UU y la difusa idea de que había sido recomendado del Papa Francisco.
Dijimos a lo largo de estos meses que Alberto necesitaba un sólido frente interno para sentarse a negociar con el más aquilatado conjunto de truhanes y filibusteros del capital financiero. Necesitaba presentarse como un presidente que representa al conjunto del país, de sus instituciones y estados federales que lo conforman. El país ya estaba en default -como hoy se encargó de repetir el presidente- y no podía, en esas condiciones, revolear el poncho como un remedo de Soledad Pastorutti y confrontar abiertamente con los tentáculos del capital financiero instalados en el establishmente económico argentino. Para seguir con las comparaciones, se necesitaba paciencia y saliva, como en el procaz dicho popular.
El poder económico y mediático del país comprendió de inmediato la situación y desde un primer momento intentó boicotear todo tipo de acuerdo que favoreciese a la Argentina, con la miserable idea que, si así ocurría, consolidaría el poder político del Frente de Todos. Sobre ese país en crisis económica y en default de hecho, con todo el sector pyme industrial desmantelado, con una concentración económica cuyo objetivo es fugar dinero del país, se agregó, a los pocos meses de gobierno, la más profunda y destructiva crisis generada por la universalización sin fronteras de una pavorosa pandemia que encontraba al país con sus estructuras sanitarias debilitadas y, en muchos casos, destruidas.
Se trataba, por un lado, de negociar con las aves carroñeras del capital financiero, por un lado, y de instalar camas, respiradores y estructuras sanitarias de todo tipo para enfrentar el huracán letal del Covid 19. La cuarentena inicial sirvió para cubrir esas necesidades, pero obligó al gobierno a sostener, con subsidios estatales, a los millones de compatriotas que, repentinamente, había quedado sin ingresos. Nueve millones de argentinos y argentinas recibieron durante estos meses un subsidio, modesto, pero suficiente para no dejarlos desprotegidos en medio del vendaval. Pero además, ayudó, también por la vía del subsidio, a miles de empresas -grandes, medianas y pequeñas- a pagar los salarios que la caída de la actividad económica les dificultaría hacerlo. Vale la pena mencionar en este punto que incluso las empresas pertenecientes al cartel mediático que, desde la prensa escrita, radiofónica y televisiva, continuaba hostilizando y provocando al gobierno, llegando incluso a hablar de golpe de estado.
En esa tormenta, la situación política, económica y social más compleja que gobierno alguno haya tenido desde 1880, Alberto Fernández avanzó, muchas veces un paso y debió retroceder dos. También frente a la pandemia tenía que presentar un frente interno unido. A su vez, la política de trabar clinch -para usar una imagen del mundo del boxeo- con los gobernantes de la oposición debilitaba a la misma y la dividía entre los opositores con responsabilidades de gestión y los voceros de la desobediencia civil, del republicanismo trucho y de la libertad de contagiar, sin responsabilidad política alguna. Y obtuvo nuevos éxitos políticos cuando, incluso, el gobierno central acudió en apoyo de la provincia de Jujuy gobernada por el radical Gerardo Morales, quien resultó ser mejor carcelero que enfermero, para mencionar dos servidores públicos.
Hoy Alberto Fernández y su equipo de gobierno informó que esa tarea estaba concluída. Que el 93,7% de los acreedores privados habían entrado en el acuerdo, lo que, por mecanismos del mismo acuerdo, comprometía al 99% de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá espacio para que fondos buitres, compradores de bonos deuda defaulteada a bajo precio, puedan acudir a los tribunales norteamericanos para exigir el pago de la totalidad de lo adeudado en esos bonos. La pesadilla del siniestro juez Griesa que vivimos durante el gobierno de Cristina ya no desvelará al ministro de Economía. Y no me extiendo en las condiciones del acuerdo, que ya fue descripto por el ministro Guzmán, con su habitual serenidad.
A su vez, el gobierno ha iniciado las conversaciones con el FMI para un acuerdo sobre los 45 mill millones de dólares que la banda de forajidos que ocupó el estado durante cuatro años pidió prestados en jornadas memorables donde la mendacidad se abrazó canallescamente con la avaricia. Y, más allá de la recomendación que le hizo el Papa Francisco sobre la titular del Fondo, la búlgara Kristalina Georgieva y su conocimiento y experiencia de la pobreza -tal como lo contó el propio presidente en una entrevista televisiva-, sonaron fuertes las palabras presidenciales de que no habría, de ninguna manera, un acuerdo que significase un empeoramiento de las condiciones de los más pobres y castigados de la sociedad argentina. Sino que, por el contrario, el acuerdo debería servir para facilitar el trabajo, el desarrollo de las fuerzas productivas y la generación de las condiciones que permitan que nunca más -otro nunca más en nuestra política- caigamos en el laberinto del Minotauro que devora a quienes en él se extravían.
Y, por fin, después de cerrar esta etapa, el presidente mostró a los argentinos y argentinas un programa estratégico, un proyecto de reconstruir una Argentina más justa, con menos desigualdades que permitan el despliegue a pleno de sus potencialidades económicas y humanas. Dio dos datos que permiten entrever ese horizonte.
Por un lado, la puesta en órbita del nuevo satélite SAOCOM 1B, construído totalmente en nuestro país con la participación central de la Comisión Nacional Espacial (CONAE) junto con la empresa INVAP, contratista principal del proyecto, la firma pública VENG, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Laboratorio GEMA de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), entre otras 80 empresas de tecnología e instituciones del sistema científico tecnológico del país. Ratificó con ello la política científico-tecnológica iniciada ya en los 90, continuada por los gobiernos de Néstor y Cristina y que, miserablemente, el gobierno del PRO había desfinanciado. Pero además, puso en valor y recordó a los argentinos las posibilidades que nuestro país posee, frente a la desmoralizante campaña de la prensa monopólica y de sus lenguaraces que pretenden convertir la falta de cloacas -es decir la injusta distribución de la infraestructura estatal, motivada, entre otras cosas, en la evasión impositiva y en la fuga de capitales- en impedimento ontológico para nuestro despliegue científico. Vale la pena mencionar que EE.UU. -el país que más satélites tiene en el espacio y, posiblemente, la economía más rica del planeta, tiene un 20 % de gente sin cloacas y una incontable cantidad de “homeless” y familias que viven en casas rodantes, para no mencionar los barrios “slump” de las grandes ciudades.
Vale la pena repetirlo: la Argentina no es el país de mierda que Clarín, La Nación, TN y sus voceros a sueldo pretenden que creamos. Hay 194 países reconocidos en las Naciones Unidas. Argentina está en el 12° lugar, en cantidad de satélites puestos en el espacio, con sus 14 unidades.
Y el otro punto que tocó Alberto Fernández en su discurso de hoy fue también un proyecto estratégico: la Hidrovía, la creación de una empresa estatal, entre la nación y los estados provinciales costeros al río Paraguay y al río Paraná. Desde Formosa, y ahí estaba Gildo Insfrán, seguramente disfrutando el momento, hasta el Río de la Plata, se extenderá una vía fluvial que será el transporte natural, eficiente y barato para toda la producción del NEA y parte del NOA. Y el Estado nacional y las provincias serán las que manejarán esa gigantesca cuenca, sus puertos y el tránsito de naves.
El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto estratégico. “Federalizar la industrialización” dijo con exactitud. Romper el histórico desequilibrio económico entre el interior y sus regiones y el país portuario, crear un país distinto al que hemos heredado con más de 100 años de desbalance, injusta radicación de inversiones, injusta distribución del trabajo y de las posibilidades de desarrollo, fueron las propuestas lanzadas por el presidente, mientras en el Congreso se discute una reforma al pútrido sistema judicial penal y una contribución especial y por única vez a la Riqueza, mientras se prepara una reforma impositiva.
Hoy Alberto Fernández, superada la cuestión de la deuda, propuso un proyecto de país para después de la pandemia y a comenzar hoy.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2020
