El discurso de
hoy, 31 de agosto de 2020, del presidente de la República, Alberto
Fernández, ha dado inicio una nueva etapa de su gobierno, al salir
exitosamente del peligroso desfiladero de la difícil negociación
con los acreedores privados, a los que inconsultamente se entregó el
nefasto gobierno de Mauricio Macri.
Lo veníamos
diciendo desde hace ya unas semanas e intentábamos traer
tranquilidad y esperanza a muchos compañeros y compañeras,
intranquilos y, en algunos casos, hasta decepcionados de la prudencia
y modestia que, aparentemente, predominaba en la acción
presidencial. Toda la preocupación gubernamental estaba cifrada en
esa negociación que llevaba adelante un hasta ese momento
desconocido ministro de Economía, al que los ladridos de la prensa
opositora había comparado con un pequeño equipo de fútbol de Villa
Soldatti, nacido, por otra parte, a la luz de los históricos
Campeonatos Evita del primer gobierno peronista. Lo único que
sabíamos de ese ministro, Martín Guzmán, quien pese a su juventud
exhibía un hablar pausado, meditado, de tonos medios, sin
inflexiones altisonantes, un tanto monótono y aburrido, era su
brillante carrera en EE.UU y la difusa idea de que había sido
recomendado del Papa Francisco.
Dijimos a lo largo
de estos meses que Alberto necesitaba un sólido frente interno para
sentarse a negociar con el más aquilatado conjunto de truhanes y
filibusteros del capital financiero. Necesitaba presentarse como un
presidente que representa al conjunto del país, de sus instituciones
y estados federales que lo conforman. El país ya estaba en default
-como hoy se encargó de repetir el presidente- y no podía, en esas
condiciones, revolear el poncho como un remedo de Soledad Pastorutti
y confrontar abiertamente con los tentáculos del capital financiero
instalados en el establishmente económico argentino. Para seguir con
las comparaciones, se necesitaba paciencia y saliva, como en el
procaz dicho popular.
El poder económico
y mediático del país comprendió de inmediato la situación y desde
un primer momento intentó boicotear todo tipo de acuerdo que
favoreciese a la Argentina, con la miserable idea que, si así
ocurría, consolidaría el poder político del Frente de Todos. Sobre
ese país en crisis económica y en default de hecho, con todo el
sector pyme industrial desmantelado, con una concentración económica
cuyo objetivo es fugar dinero del país, se agregó, a los pocos
meses de gobierno, la más profunda y destructiva crisis generada por
la universalización sin fronteras de una pavorosa pandemia que
encontraba al país con sus estructuras sanitarias debilitadas y, en
muchos casos, destruidas.
Se trataba, por un
lado, de negociar con las aves carroñeras del capital financiero,
por un lado, y de instalar camas, respiradores y estructuras
sanitarias de todo tipo para enfrentar el huracán letal del Covid
19. La cuarentena inicial sirvió para cubrir esas necesidades, pero
obligó al gobierno a sostener, con subsidios estatales, a los
millones de compatriotas que, repentinamente, había quedado sin
ingresos. Nueve millones de argentinos y argentinas recibieron
durante estos meses un subsidio, modesto, pero suficiente para no
dejarlos desprotegidos en medio del vendaval. Pero además, ayudó,
también por la vía del subsidio, a miles de empresas -grandes,
medianas y pequeñas- a pagar los salarios que la caída de la
actividad económica les dificultaría hacerlo. Vale la pena
mencionar en este punto que incluso las empresas pertenecientes al
cartel mediático que, desde la prensa escrita, radiofónica y
televisiva, continuaba hostilizando y provocando al gobierno,
llegando incluso a hablar de golpe de estado.
En esa tormenta,
la situación política, económica y social más compleja que
gobierno alguno haya tenido desde 1880, Alberto Fernández avanzó,
muchas veces un paso y debió retroceder dos. También frente a la
pandemia tenía que presentar un frente interno unido. A su vez, la
política de trabar clinch -para usar una imagen del mundo del boxeo-
con los gobernantes de la oposición debilitaba a la misma y la
dividía entre los opositores con responsabilidades de gestión y los
voceros de la desobediencia civil, del republicanismo trucho y de la
libertad de contagiar, sin responsabilidad política alguna. Y obtuvo
nuevos éxitos políticos cuando, incluso, el gobierno central acudió
en apoyo de la provincia de Jujuy gobernada por el radical Gerardo
Morales, quien resultó ser mejor carcelero que enfermero, para
mencionar dos servidores públicos.
Hoy Alberto
Fernández y su equipo de gobierno informó que esa tarea estaba
concluída. Que el 93,7% de los acreedores privados habían entrado
en el acuerdo, lo que, por mecanismos del mismo acuerdo, comprometía
al 99% de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá espacio
para que fondos buitres, compradores de bonos deuda defaulteada a
bajo precio, puedan acudir a los tribunales norteamericanos para
exigir el pago de la totalidad de lo adeudado en esos bonos. La
pesadilla del siniestro juez Griesa que vivimos durante el gobierno
de Cristina ya no desvelará al ministro de Economía. Y no me
extiendo en las condiciones del acuerdo, que ya fue descripto por el
ministro Guzmán, con su habitual serenidad.
A su vez, el
gobierno ha iniciado las conversaciones con el FMI para un acuerdo
sobre los 45 mill millones de dólares que la banda de forajidos que
ocupó el estado durante cuatro años pidió prestados en jornadas
memorables donde la mendacidad se abrazó canallescamente con la
avaricia. Y, más allá de la recomendación que le hizo el Papa
Francisco sobre la titular del Fondo, la búlgara Kristalina
Georgieva y su conocimiento y experiencia de la pobreza -tal como lo
contó el propio presidente en una entrevista televisiva-, sonaron
fuertes las palabras presidenciales de que no habría, de ninguna
manera, un acuerdo que significase un empeoramiento de las
condiciones de los más pobres y castigados de la sociedad argentina.
Sino que, por el contrario, el acuerdo debería servir para facilitar
el trabajo, el desarrollo de las fuerzas productivas y la generación
de las condiciones que permitan que nunca más -otro nunca más en
nuestra política- caigamos en el laberinto del Minotauro que devora
a quienes en él se extravían.
Y, por fin,
después de cerrar esta etapa, el presidente mostró a los argentinos
y argentinas un programa estratégico, un proyecto de reconstruir una
Argentina más justa, con menos desigualdades que permitan el
despliegue
a pleno de sus potencialidades económicas y humanas. Dio dos datos
que permiten entrever ese horizonte.
Por
un lado, la puesta en órbita del nuevo satélite SAOCOM
1B, construído totalmente en nuestro país con la participación
central de la Comisión Nacional Espacial (CONAE) junto con la
empresa INVAP, contratista principal del proyecto, la firma pública
VENG, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el
Laboratorio GEMA de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), entre
otras 80 empresas de tecnología e instituciones del sistema
científico tecnológico del país. Ratificó con ello la política
científico-tecnológica iniciada ya en los 90, continuada por los
gobiernos de Néstor y Cristina y que, miserablemente, el gobierno
del PRO había desfinanciado. Pero además, puso en valor y recordó
a los argentinos las posibilidades que nuestro país posee, frente a
la desmoralizante campaña de la prensa monopólica y de sus
lenguaraces que pretenden convertir la falta de cloacas -es decir la
injusta distribución de la infraestructura estatal, motivada, entre
otras cosas, en la evasión impositiva y en la fuga de capitales- en
impedimento ontológico para nuestro despliegue científico. Vale la
pena mencionar que EE.UU. -el país que más satélites tiene en el
espacio y, posiblemente, la economía más rica del planeta, tiene
un 20 % de gente sin cloacas y una incontable cantidad de “homeless”
y familias que viven en casas rodantes, para no mencionar los barrios
“slump” de las grandes ciudades.
Vale la pena
repetirlo: la Argentina no es el país de mierda que Clarín, La
Nación, TN y sus voceros a sueldo pretenden que creamos. Hay 194
países reconocidos en las Naciones Unidas. Argentina está en el 12°
lugar, en cantidad de satélites puestos en el espacio, con sus 14
unidades.
Y el otro punto
que tocó Alberto Fernández en su discurso de hoy fue también un
proyecto estratégico: la Hidrovía, la creación de una empresa
estatal, entre la nación y los estados provinciales costeros al río
Paraguay y al río Paraná. Desde Formosa, y ahí estaba Gildo
Insfrán, seguramente disfrutando el momento, hasta el Río de la
Plata, se extenderá una vía fluvial que será el transporte
natural, eficiente y barato para toda la producción del NEA y parte
del NOA. Y el Estado nacional y las provincias serán las que
manejarán esa gigantesca cuenca, sus puertos y el tránsito de
naves.
El presidente
Alberto Fernández presentó un proyecto estratégico. “Federalizar
la industrialización” dijo con exactitud. Romper el histórico
desequilibrio económico entre el interior y sus regiones y el país
portuario, crear un país distinto al que hemos heredado con más de
100 años de desbalance, injusta radicación de inversiones, injusta
distribución del trabajo y de las posibilidades de desarrollo,
fueron las propuestas lanzadas por el presidente, mientras en el
Congreso se discute una reforma al pútrido sistema judicial penal y
una contribución especial y por única vez a la Riqueza, mientras se
prepara una reforma impositiva.
Hoy Alberto
Fernández, superada la cuestión de la deuda, propuso un proyecto de
país para después de la pandemia y a comenzar hoy.
Buenos Aires, 31
de agosto de 2020
