La divulgación pública de lo que podrían ser íntimas conversaciones eróticas, de muy dudoso gusto, del presidente de la República Argentina con una barragana de precio accesible, más la desfachatada interna entre lo que parecerían ser dos pandillas alojadas en la Casa Rosada que se disputan el favor presidencial, han dejado en claro la reforma constitucional de hecho que está aplicando la clase social de financistas, exportadores y terratenientes que realmente gobierna.
La reforma consiste en desmontar el carácter presidencialista de nuestro sistema político, convertir el Congreso en la expresión de un primitivo provincianismo sin proyecto nacional -todo lo contrario de un sistema federal- y consolidar al poder judicial como la última garantía del saqueo de las riquezas nacionales y verdugo de todo intento de resistencia y despliegue de un programa independista, soberano y de justicia social.
Con la complicidad del depreciado y despreciado presidente, el pequeño grupo de grandes burgueses transnacionalizados ha logrado que, en medio de ese fárrago de papelones, acusaciones cruzadas y medias mentiras producidas por personajes de la talla de El Gordo Dan – un oscuro matasanos sin luces –, Martín Menem – un vendedor de suplementos dietarios, vitaminas y barras proteicas – y Santiago Caputo – un oscuro agente extranjero sin cargo estatal pero con control de la SIDE –, se aprueben leyes trascendentales que intentan asegurar para siempre la entrega del país. Ley de glaciares, ley de propiedad extranjera de la tierra, derogación de los subsidios a las zonas frías, desmantelamiento de los sistemas de la universidad pública y de investigación científica, la privatización de toda la estructura de energía nuclear, creada por el conjunto de los argentinos a lo largo de tres o cuatro generaciones, son algunas de las victorias estratégicas obtenidas por el bloque dominante.
Han logrado que el Poder Ejecutivo, establecido por la Constitución Nacional, se acerque peligrosamente a su similar peruano: una figura decorativa, fácilmente reemplazable, sin capacidad de decisión. Y por el otro, han convertido al Congreso Nacional en algo similar al poder legislativo brasileño: un batiburrillo de intereses puramente locales, dispuesto a negociar pequeñas ventajas y con un claro predominio defensor del statu quo.
El Poder Judicial ha sido el primer trofeo obtenido por la clase dominante en la Argentina. Ha sido este poder, desde hace más de 20 años, la principal barrera para una política de transformación que afecte esos intereses . Hemos llegado al extremo de tener, desde hace dos años, una Corte Suprema de tan solo tres miembros -es menester aclarar que, entre 2021 y 2024, tenía solo cuatro-.
La clase dominante argentina -los grandes productores agrarios, los exportadores, el sistema financiero, los intereses mineros y energéticos-, estrictamente exportadora y antiindustrialista, ha logrado reformar de hecho la Constitución Nacional.
Será tarea, nuevamente, del movimiento nacional reconstruir la respetabilidad del presidente de la República, reconvertir al Congreso en el ámbito de discusión de un gran programa nacional industrialista, y al Poder Judicial en un sistema de hombres y mujeres preocupados tan solo por la grandeza nacional, la justicia social y un sistema de derecho de las grandes mayorías.
22 de mayo de 2026.
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