Hace menos de un mes asumió el gobierno de Alberto Fernández en la Argentina. Una promesa central y casi exclusiva primó en toda la campaña electoral del Frente de Todos: resolver de inmediato los acuciantes problemas de hambre, indigencia y pobreza que afecta a un amplio sector de la sociedad argentina, en un porcentaje que se calcula entre el 35 y 41 %. Simultáneamente el candidato triunfador se comprometió a volcar todos sus esfuerzos para poner nuevamente en movimiento el aparato productivo industrial argentino, desmantelado por los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri.
Ese fue el eje de su campaña.
Al llegar a la presidencia Alberto Fernández se encontró con una pavorosa deuda externa de más de 100 mil millones de dólares, con plazos que comienzan a vencerse en el año 2020 y con intereses y condiciones que secarían las arcas públicas en un estado que, por lo antedicho, ha visto perder notablemente su capacidad de recaudación. Entonces, negociar con los acreedores externos, evitando la caída en un default explícito -de alguna manera la Argentina se encuentra ya en un default técnico- que paralizarían por completo la actividad económica y hundiría en la pobreza, de inmediato, a tres o cuatro millones de argentinos más.
Estos dos objetivos, entonces, -aliviar la situación de los más sumergidos y negociar el pago de la gigantesca deuda externa- son las condiciones imprescindibles para que la Argentina se ponga nuevamente de pie, tal como lo plantea el propio presidente Alberto Fernández. El incumplimiento de cualquiera de estos dos objetivos, que están forzadamente unidos, como dos hermanos siameses, debilitara casi definitivamente al gobierno de Alberto y Cristina, que en tan solo dos años debe enfrentar una elección legislativa de entre tiempo.
La mesa de negociación de la deuda externa tiene un sitio de privilegio: el gobierno de los EE.UU. y, concretamente, su presidente Donald Trump. Fue la opinión de Trump la clave que permitió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregase al gobierno de Mauricio Macri, y pese a los criterios técnicos en contra, el mayor préstamo en la historia del organismo: 50 mil millones de dólares. Los EE.UU. son el principal aporte económico al FMI y por lo tanto su voto y opinión tiene una enorme influencia. Esto obliga al gobierno y a su Cancillería a mantener una vía de negociación, una relación de confianza y sin grandes conflictos con la potencia imperialista que actúa en nuestro continente como en su patio trasero: los EE.UU.
Todo ello, en medio de una región en la que EE.UU. ha logrado restablecer un importante y agobiante predominio. El signo de los gobiernos de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia no es propicio a un enfrentamiento político ni retórico con el gobierno de los EE.UU. como lo fueron, para dar un ejemplo, las jornadas de Mar del Plata en el año 2005, que dieron por tierra con el intento de George W. Bush de crear el ALCA. Ya la negociación para lograr sacar del país y salvarle la vida al presidente de Bolivia, Evo Morales, derrocado por un golpe de Estado, y su posterior radicación en Buenos Aires había generado suficientes rispideces.
Este es el contexto de la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina sobre los acontecimientos políticos en Venezuela con motivo del cambio de autoridades de la Asamblea Nacional, publicada este 5 de enero, así como los mensajes en Twitter del canciller Felipe Solá en su bautismo de fuego en la política internacional. El gobierno de Alberto Fernández se había negado, más temprano, a sumarse a la declaración del Grupo de Lima, como también lo había hecho México, y emitió una declaración por su propia cuenta tomoando distancia crítica de los sucesos en el Congreso venezolano pero limando los aspectos más confrontativos con el gobierno de Nicolás Maduro, al que ni siquiera nombra, como tampoco lo hace con el autoproclamado y ahora reemplazado presidente de la Asamblea Nacional.
La declaración expresa generalidades como las siguientes:
“Recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela en un marco de pleno respeto de las libertades y los mecanismos institucionales, es el objetivo al que busca propender el Gobierno argentino, para aliviar el padecimiento de millones de venezolanos dentro y fuera del país.
En esa búsqueda, y sin pretender involucrarnos en la situación interna de otros países, instamos a todos los partidos representados en la Asamblea a reencauzar el proceso de elección de sus autoridades en el pleno respeto de las reglas constitucionalmente establecidas”.
Es interesante agregar a esto dos cosas,
En primer lugar, la reacción del conservador candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el ex senador peronista Miguel Angel Pichetto, quien en un tuit afirmó:
“No me parece bueno no haber acompañado la declaración del Grupo de Lima. Más temprano que tarde, el presidente Fernández deberá priorizar los intereses nacionales, alejarse definitivamente de Maduro y de Evo Morales, y fortalecer la relación con Brasil y con Estados Unidos”.
En segundo lugar, hoy mismo la cancillería argentina le retiró las cartas credenciales a la seudo embajadora del seudo presidente Juan Guaidó, que había sido reconocida por Mauricio Macri y su canciller, el fugaz canciller Jorge Faurie. A partir de la fecha, Alberto Fernández reconoce como único presidente venezolano a Nicolás Maduro y al al actual encargado de Negocios, Juan Valero Nuñez, como su representación diplomática.
La Argentina que ha dejado el macrismo ha obligado al gobierno peronista a solucionar, antes que nada, el terrible desafío de poner a la Argentina nuevamente de pie y, desde ahí, volver a jugar el papel integrador que señalara Juan Domingo Perón en su famosa propuesta de Unidos o Dominados.
El gran estratega chino Sun Tzu recomienda en alguno de sus célebres aforismo sobre la guerra: “Si no puedes ser fuerte, pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado”.
Ignoramos si el presidente o su canciller recordaban este precepto, pero de todas maneras lo aplicaron que es lo que importa.
Buenos Aires, 7 de enero de 2020
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